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Con 16.000 viviendas en Marbella que quedaron en un limbo legal cuando el Tribunal Supremo español anuló el plan general de la ciudad (PGOU), creado en 2010, el ayuntamiento se ha comprometido a encontrar una solución.
Ahora el Ayuntamiento de Marbella ha tenido que revertir el plan de 30 años de edad, para la planificación y la aprobación de nuevos desarrollos, miles de casas que fueron legalizadas bajo el plan más reciente de 2010 ahora se encuentran situadas en terreno no urbanizable bajo las regulaciones 1986.
Esto les ha colocado en una posición insegura, por lo que dichos activos son extremadamente difíciles de vender y es casi imposible conseguir una hipoteca, a pesar de que otra decisión del Tribunal Supremo los protege de cualquier amenaza de demolición a menos que se pague una indemnización primero.
Desde que se tomó la decisión, a finales de 2015, se ha estado trabajando con el gobierno regional de la Junta de Andalucía para llegar a una solución provisional mientras que se redacta un nuevo PGOU, un proceso que podría llevar entre dos y tres años.
El alcalde, José Bernal, ha anunciado recientemente después de varias discusiones con la Junta una ruta de doble vía para encontrar una manera de salir del callejón sin salida en la que se encuentra Marbella. La primera medida que debería estar lista dentro de los 12 meses, está destinada a restablecer la confianza de los inversores con las normas de planificación de la ciudad. Esto implicará la adaptación del PGOU 1986 para cumplir con las nuevas regulaciones conocidas como LOUA, que fueron establecidas a nivel regional por la Junta de Andalucía hace algunos años. Cuatro consultores externos han sido contratados para garantizar que el proceso se complete en la fecha prevista.
Mientras que esto permitirá nuevos desarrollos, no es en sí mismo suficiente para aclarar la situación de los 16.000 hogares que no están cubiertos por el PGOU vigente, de modo que se elaborará enteramente un nuevo plan general para proporcionar el marco regulatorio para legalizar las propiedades afectadas, un proceso que tendrá un coste aproximado de 2 millones € y en el que incluyen consultas públicas y estudios de impacto ambiental, la falta de estos fueron razones suficientes por las que fue anulado el plan de 2010.
El Consejero de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, José Fiscal, aseguró que estas propuestas ofrecen una «solución flexible que pone menos obstáculos en el camino y facilitan el desarrollo de futuros proyectos en Marbella”.
Banus Property se complace en ver que las autoridades están trabajando en encontrar una solución para este problema, que tenía el potencial de poner en peligro la confianza del inversor en toda Marbella, a pesar de que no es un problema que afecta a la gran mayoría de propiedades en Puerto Banús y Nueva Andalucía comercializadas por nuestra Agencia, siendo el caso de urbanizaciones como Playas del Duque, Las Gaviotas, Los Granados y Embrujo entre otras, que sí están cubiertas por el PGOU de 1986.
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